El presidente del Concejo, Hernando Marín García, propició una mesa de trabajo entre la Administración Municipal, la Personería y los dueños de los camiones de comida ubicados en el mirador de Chipre, frente del Monumento de Los Colonizadores, con el fin de buscar soluciones que beneficien a los afectados. El fallo del Tribunal Administrativo de Caldas que se dio a conocer en días pasados, ordenó a la Alcaldía de Manizales retirar estos camiones en un plazo de seis meses.
Marín García, señaló que se encuentran buscando salidas y estrategias a la situación que viven cerca de 70 personas que laboran en la zona. «una mesa de trabajo que se hace por iniciativa del Concejo, para analizar esta situación. Aquí hay que acatar el fallo judicial, pero también debemos buscar soluciones que beneficien a los implicados. Básicamente lo que se ha pedido es tiempo, porque el representante legal de los comerciantes del sector de Colonizadores nos informó que se van a tomar algunas acciones jurídicas y legales».
El presidente resaltó la voluntad de la Administración Municipal y de los vendedores para encontrar la mejor opción para ambos. “la idea es reunirnos periódicamente para conocer los avances del proceso y sin duda alguna para tener en cuenta las voluntades de los actores involucrados en esta situación”.
Jhon Fredy Rivas, dueño de uno de los puestos de comida ambulantes, agradeció al presidente del Concejo por ser garante de la reunión donde participaron las secretarías de Planeación, Movilidad y Medio Ambiente, y la firma de abogados, Alejandro Franco y Asociados, como representante legal de los puestos de comida ambulante.
“Las conclusiones son muy importantes, vemos voluntad de las partes, se van a buscar alternativas. Hoy, hay un fallo que está en firme, pero que tenemos un tiempo para buscar otras alternativas. Nosotros como propietarios hemos acogido el fallo y somos respetuosos de las instancias judiciales, pero también tenemos recursos a los cuales acudir para que se respeten nuestros derechos”, indicó Rivas, quien también aseguró que en ningún momento fueron vinculados al proceso. “nosotros fuimos conociendo el proceso en el camino, y hoy, vemos que debimos ser vinculados y que se nos vulneraron algunos derechos”.
Rivas, dijo que, si bien la Administración debe regular el espacio público, también debe analizar el impacto que se generó en la zona. “Nosotros somos un grupo de once comerciantes que recuperamos un espacio que estaba perdido para la ciudad, es un espacio en el cual estamos brindando alternativas laborales a más de 70 personas, una alternativa social, cultural, y turística” y pidió a la Alcaldía entrar a revisar el POT, para que, a través de una regulación ese espacio no se vuelva a perder para la ciudad”.
El comerciante espera que este proceso llegue a un feliz término.
La firma Alejandro Franco y Asociados, a través del abogado, Santiago Niño, manifestó que hubo una vulneración al derecho al debido proceso de los comerciantes a quienes ellos representan, “ni en primera ni en segunda instancia se les tuvo en cuenta en el momento del fallo para que ellos dieran a conocer todos los problemas laborales, económicos y la postura social. No fueron escuchados”.
Niño afirmó que, interpondrán una tutela ante el Consejo de Estado para que revisen los fallos de acción popular. “la acción popular es un procedimiento sumario, pero que también está revestido de unas garantías para que el juez pueda ejercer sus facultades y vincular oficiosamente a las personas que se puedan ver afectadas por el fallo y en este caso, el juez no usó estas facultades, ni en primera ni en segunda instancia para vincular a los comerciantes que se ven afectados por un desalojo que pone en riesgo su mínimo vital, la estabilidad laboral de más de 80 personas. Es un asunto que no solo tiene que ver con la recuperación del espacio público, sino con el respeto de la confianza legítima y la voluntad de la Administración Municipal, que, desde ya, están prestos a colaborar”.
El representante aseguró que, con esta tutela que será presentada en una semana, no se quiere dilatar la decisión judicial, sino llegar hasta la última vía jurídica, como en este caso, para que el juez constitucional tenga la posibilidad de modificar el fallo, para que la Administración entregue un plan de reubicación donde se respeten las garantías mínimas.
Por su lado el secretario de Planeación, Daniel Quiceno, indicó que, aunque hay un fallo que se debe acatar, la Administración Municipal comenzará a analizar las alternativas que ofrezcan los propietarios. “La Administración es respetuosa de las acciones judiciales, también se pone en los zapatos de la gente y entendemos las necesidades y las realidades de las personas que hoy, habitan en la zona contigua al Monumento de los Colonizadores y también hemos sido enfáticos en que se genere la conciencia en que nos es la administración la que hoy toma la decisión, sino que es judicial y que en dado caso de establecerse debemos cumplir”
La segunda mesa de concertación se hará en la Alcaldía de Manizales el próximo 25 de mayo a las 11:00 a.m.
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